El paisaje original del río San Rodrigo ha sido profundamente transformado y su ecosistema ripario destruido por la extracción de material pétreo de su cauce y riberas por parte de empresarios de la minería/construcción. Un grupo de ciudadanos de la Región Norte de Coahuila integrados en la organización ambientalista Amigos del río San Rodrigo ha planteado desde hace tres años, ante representantes políticos y autoridades ambientales la importancia de suspender esta actividad por las consecuencias negativas que ha ocasionado al medioambiente, a la sociedad y a la economía de la cuenca baja del río San Rodrigo en el poblado de El Moral, municipio de Piedras Negras, Coahuila.
Antecedentes de los problemas ambientales del río San Rodrigo
Los problemas ambientales que aquejan al río San Rodrigo son dos: la construcción y operación de la presa La Fragua/Solidaridad al inicio de los años noventa del siglo pasado, y la extracción de piedra de su cauce y riberas.
El río San Rodrigo ha sido la fuente tradicional de abastecimiento de agregados pétreos para la construcción urbana y carretera en la Región Norte de Coahuila en los municipios de Piedras Negras y Zaragoza
El daño al ecosistema del río San Rodrigo ha sido señalado por autores como Arriaga (2000), quien menciona que uno de los principales problemas ambientales que aqueja al río San Rodrigo es la extracción de material pétreo; asimismo, Villarreal et al. (2006: 6) señala que el río está sujeto a disturbios que afectan el caudal de agua por la formación de “tajos” mineros.
No obstante que en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 (CONAGUA, 2008: 113) se asegura que se prestará especial atención a la problemática de la extracción de materiales pétreos para preservar el agua y los bienes naturales nacionales y que en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) se señala que los permisos o concesiones serán revocados cuando se dañen los ecosistemas y se incumplan las medidas preventivas (DOF, 2011), en el río San Rodrigo se han ocasionado, durante varias décadas, externalidades negativas; estos efectos nocivos se consideran como una socialización de los pasivos ambientales (FALCONÍ, 2004: 32).
Instrumentos de gestión ambiental: sociales, económicos y jurídicos
Participación social. La participación ciudadana en el desarrollo sustentable del país se contempla en el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en donde se refiere que el Estado, como rector del desarrollo, regulará y fomentará las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que señala la CPEUM. En este sentido, la sustentabilidad ambiental con base en la participación responsable de la ciudadanía fue uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Presidencia de la República, 2007).
En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la participación ciudadana se prevé en los artículos 1° Fracción VII, en donde se establecen las bases para garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva; en el 157° de la misma Ley se señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), convocará a los distintos actores de la sociedad para la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales.
Instrumentos económicos. En la legislación ambiental mexicana se consideran como instrumentos económicos para la gestión ambiental lo señalado en los Artículos 21, 22 y 22 Bis de la LGEEPA. Sin embargo, el aprovechamiento de agregados pétreos de ríos se hace por medio de títulos de concesión otorgados por la CONAGUA cuyos costos oscilan entre los $9.72 por m3 para la piedra bola, a $11.26 por m3 para la grava (Ley Federal de Derechos, 2010), por lo que no pueden considerarse instrumentos económicos, sino de comando y control, porque no se considera el costo ambiental de los impactos, como un impuesto; por otro lado, para el otorgamiento de los permisos no se requiere fianza para garantizar la restauración de los ecosistemas afectados.
Instrumentos jurídicos. La institución responsable de la impartición de justicia ambiental es la PROFEPA, órgano desconcentrado de la SEMARNAT. De acuerdo con el Artículo 118 del Reglamento Interior (RI) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2006), son facultades del Procurador:
¨ Restauración de los recursos naturales, preservación y protección de los ecosistemas.
¨ Recibir, investigar y atender, determinar y canalizar, las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas.
¨ Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, así como de las entidades federativas y municipales.
¨ Denunciar ante el ministerio público federal los actos, hechos u omisiones que impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente.
En cuanto al Delegado Estatal de la Procuraduría (Artículo 139 del RI-SEMARNAT), este tendrá la representación para desempeñar las actividades derivadas de la competencia de la Procuraduría en su respectiva circunscripción territorial.
Experiencias de participación ciudadana en la protección del río San Rodrigo
Las actividades de Amigos del río San Rodrigo en la protección de su ecosistema no ha llegado al nivel de influir en las decisiones públicas para la gestión de sus recursos, situación que se reconoce tiene ventajas sobre los métodos jerárquicos tradicionales de la administración pública (SANTOS MARTÍNEZ, 2007: 76).
La participación del Grupo ha sido más modesta, ya que se ha circunscrito a señalar ante las autoridades ambientales federales y estatales (PROFEPA, CONAGUA, SEMARNAT y SEMARNAC), las violaciones a la legislación ambiental y su inconformidad ante la evidencia de la destrucción del río por parte de diversas empresas del sector minero/construcción, así como la tolerancia institucional. La difusión ante la ciudadanía, se ha logrado a través de los medios de comunicación (diarios de distribución local, estatal y nacional; radio y televisión), participando en reuniones empresariales y ante estudiantes, con la creación de una página web (http://www.amigosdelriosanrodrigo.org), la distribución de logotipos, gorras y camisetas, fundamentalmente.
A nivel político, se han realizado reuniones con los Diputados Federales en el Distrito I de Coahuila, así como con el Procurador del Medio Ambiente, Patricio Patrón Laviada y se ha planteado ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, XLI Legislatura, la urgente necesidad de legislar en relación al aprovechamiento de los recursos naturales de los ríos de México en virtud del aprovechamiento antisustentable.
Discusión y conclusiones
Se demanda la suspensión inmediata de la explotación de los recursos naturales del río San Rodrigo para permitir que el ecosistema se restaure, introducir las especies nativas vegetales y animales perdidas y que se haga un aprovechamiento sustentable de sus recursos en beneficio de los moradores de la cuenca baja del río San Rodrigo. La sociedad en general espera que se recuperen las áreas del río que eran destino de paseos familiares de los moradores de la Región Norte de Coahuila y del sur de Texas, EUA.
Ante la infructuosidad de las acciones ciudadanas en resultados concretos como son el detener o aminorar la extracción de material pétreo, la suspensión de permisos para extraer material, el emprendimiento de un programa de rescate de la zona, la realización de una evaluación amplia y a fondo por especialistas de los impactos en la zona, el involucramiento de los moradores de El Moral en los posibles proyectos de restauración y desarrollo, nada de esto se ha logrado, por lo que se concluye que las acciones ciudadanas no tienen efecto en las autoridades ambientales.
No obstante lo anterior, las acciones que Amigos del río San Rodrigo ha difundido con el apoyo de los medios han sido positivos puesto que se ha dado a conocer a la sociedad el problema que aqueja al río San Rodrigo.
Debido a la similitud de esta problemática con la de otros ríos del país, pensamos que se debe de hacer un frente común para demandar la proscripción de la extracción de materiales de los ríos.