EL DEBILITAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL DERECHO AL AGUA

La destrucción del ecosistema del río San Rodrigo a causa de la minería y sus efectos colaterales, así como la construcción, almacenamiento y gestión del agua de la presa La Fragua, en Coahuila, datan de los años 80 del siglo XX. Los reclamos sociales por sus impactos se inician en los años noventa del mismo siglo. En ese periodo de más de un cuarto de siglo se ha constatado que no existe autoridad capaz de detener la inexorable destrucción de los recursos naturales renovables y no renovables, la pérdida de biodiversidad, desaparición de especies animales y vegetales propias de la región, contaminación del agua y amputación de los acuíferos, con graves daños ambientales y sociales. 

El daño es tal que se ha llegado a un estado de no retorno a su situación original, es decir, los daños son irreversibles, independientemente de que las actividades causantes del daño cesaran en este mismo momento. 

Durante un cuarto de siglo se han visto pasar funcionarios públicos y políticos de los tres niveles de gobierno y de distintas dependencias que fueron informados de la situación del río San Rodrigo pero que no se preocuparon ni se esforzaron por hacer respetar el estado derecho de la sociedad ni por encontrar soluciones donde todos ganaran, y no solamente un pequeño sector de la sociedad, no obstante que se cuenta con un repertorio de instrumentos legales que regulan el aprovechamiento de los recursos naturales. 

¿A qué se deben estos vacíos de poder del estado en materia ambiental que han permitido la destrucción de los recursos naturales y la creación de deuda social y ambiental? La pregunta está en el aire: ¿es ignorancia, ineficiencia, compromisos entre sector empresarial y funcionarios públicos, corrupción, imperfecciones del mercado por desconocimiento del precio de los bienes ambientales o carencia de instrumentos económicos, o desfase de la legislación ambiental con la creación de instituciones eficientes? 

Actualmente se presentan 9 candidatos a diputados federales por el Distrito I de Coahuila, pero, ¿habrá uno entre los nueve al que le interese la protección de los recursos naturales y la protección de los habitantes de la región ante los impactos que causan y causarán actividades de gran envergadura como el fracking? ¿O que quiera asumir el compromiso de revertir la Ley General de Aguas que continúa favoreciendo las actividades minera e industrial en los ríos para extraer material pétreo? 

Nos hemos solidarizado con la Tribu Yaqui de Sonora en sus reclamos por el derecho al agua, porque el agua y la vida están íntimamente ligadas, existe una condición que es irrefutable y es que la vida del hombre está profundamente ligada al agua. Antes que la molécula de ADN la verdadera molécula de la vida es la del agua. Por lo tanto, el derecho al agua por la sociedad y los ecosistemas, es de máxima relevancia porque es una cuestión de supervivencia, como ha sido reconocido en la constitución política mexicana. Sin embargo, a este pueblo se le ha despojado de su derecho al agua con la construcción del Acueducto Independencia que le extrae arbitrariamente -porque fue sin consultar a los usuarios originales- 60 millones de metros cúbicos de agua al río Yaqui para favorecer a la ciudad de Hermosillo. Los líderes que reclamaron estos hechos, Mario Luna Romero y Fernando Jiménez Gutiérrez, están presos. 

La mayor amenaza que se cierne actualmente sobre la disponibilidad y calidad del agua para los habitantes de la Región Norte de Coahuila/Distrito I, es la ocasionada por la fractura hidráulica o fracking. Esta actividad amenaza con agotar los acuíferos y contaminarlos irremediablemente por la inyección en el subsuelo de substancias tóxicas. 

Los ríos del norte de Coahuila, al originarse por afloramientos de acuíferos transfronterizos entre México y los EUA, están expuestos a su contaminación porque lo que se haga en el subsuelo del sur de Texas y del norte de Coahuila irremediablemente llegará a los cauces de agua como el Arroyo de las Vacas, y los ríos San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado. 

Los diputados federales son los intermediarios de la sociedad ante las instituciones mexicanas, y no hemos escuchado que alguno de ellos se pronuncie contra la realización de actividades proscritas en otras regiones por lo riesgoso que son para la sociedad y los ecosistemas. Ante eso, estamos en grave riesgo por la indefensión y la falta de interlocutores comprometidos con las causas sociales.