Objetivo

 

Dar a conocer a las autoridades ambientales, a la  sociedad y a los empresarios, la destrucción de que ha sido objeto el ecosistema del río San Rodrigo a causa del aprovechamiento anti-sustentable de sus recursos.

Pero además, como un reclamo para que las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y de salvaguardar nuestros recursos naturales ejerzan su autoridad y que los empresarios y personas físicas causantes del daño asuman su responsabilidad en cuanto a la restauración del medio. 

Esto es lo que la sociedad espera de estos dos sectores, el institucional (federal, estatal y municipal) y del sector privado, ya que el costo que la sociedad está pagando por la disminución de los servicios ambientales que presta el río y su ecosistema es muy alto.

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Organizaciones de la sociedad civil por la transparencia de las industrias extractivas señalan su preocupación por contexto de espionaje y violación a derechos humanos en México

Las organizaciones que conforman el Grupo Amplio de Sociedad Civil y que participan con representantes gubernamentales y empresariales en la preparación de la candidatura de México a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) se suman al reclamo de que el Estado investigue, esclarezca y sancione los hechos de espionaje denunciados en los medios de comunicación en contra de personas defensoras de derechos humanos, académicas y periodistas.

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El crecimiento urbano ante la destrucción de los ecosistemas ribereños: caso del Río San Rodrigo en Coahuila

El objetivo del presente trabajo es el de resaltar la importancia que tiene la actividad minera y de la construcción en la producción de materiales para la construcción; materiales que están en la base de la creación de infraestructura urbana, industrial, carretera y de obra pública del país. Desafortunadamente, el crecimiento en infraestructura ha tenido un alto costo ambiental en los ecosistemas y en las comunidades de donde se extrae este recurso porque no se han respetado los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la legislación ambiental y tampoco se han respetado las condicionantes por las cuales se otorgaron a particulares las concesiones por parte de la Comisión Nacional del Agua.